Teletrabajo en España
Las consecuencias económicas de la pandemia aumentan los riesgos de una recesión económica mundial con niveles de desempleo no experimentados desde la Gran Depresión de los años 30. Los costes humanos en términos de vidas perdidas afectarán de forma permanente al crecimiento económico mundial, además del coste de los crecientes niveles de pobreza, las vidas truncadas, las carreras descarriladas y el aumento del malestar social. El comercio mundial también podría caer un 18%, dependiendo de la profundidad y el alcance de la recesión económica mundial, lo que supondría un peaje económico especialmente pesado para las economías emergentes y en desarrollo que dependen del comercio (p.1).
A nivel europeo, durante este periodo, se desarrolló un conjunto de medidas destinadas a salvaguardar el empleo y las organizaciones. Se basó en el Fondo de Garantía Paneuropeo creado por el Banco Europeo de Inversiones, que reservó 200.000 millones de euros para apoyar a las empresas (especialmente a las PYME). Además, los Estados miembros han recibido ayuda de la UE para poner en marcha planes de trabajo de corta duración y proteger los puestos de trabajo durante la pandemia (Ahrendt et al., 2021).
Reuniones informativas del Centro de Prensa Extranjera
El Estatuto Básico ya limita la interinidad en las administraciones públicas, pero los sindicatos denuncian que no se cumple. Iceta ha admitido que el problema existe y lo ha atribuido, entre otros factores, a las políticas de austeridad de los últimos años que han agravado la temporalidad. El ministro también ha recordado que entre 2012 y 2015 -bajo el mandato de Mariano Rajoy- las tasas de reposición de puestos de trabajo de los funcionarios fueron del 0%. “Las administraciones que tenían que seguir prestando servicios se veían obligadas a contratar personal interino”, ha explicado. “Cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria en algunas circunstancias, pero si una persona realiza una tarea en la administración que es permanente, lo más normal es que la realice con un contrato indefinido y no desde una temporalidad que precariza el empleo”, ha subrayado.
Bruselas lleva años presionando a España para que reduzca la tasa de temporalidad en el sector público. Es una de las recomendaciones recurrentes de la Comisión Europea en los informes económicos sobre España. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha incluido cambios en el Estatuto Básico en la lista de reformas incluidas en el plan de recuperación y resiliencia. En el documento que la Moncloa enviará a Bruselas, Sánchez se compromete a impulsar la reforma del sector público antes de 2022. Es un compromiso que España adquiere a cambio de los 140.000 millones de euros que recibirá para impulsar la economía, muy perjudicada por la pandemia.
#restaacasa es la strada más segura
La pandemia ha cambiado los conceptos de sostenibilidad derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas aplicables a las ciudades. En Occidente hemos pasado de asociar la sostenibilidad exclusivamente al medio ambiente, a reconsiderar los otros dos componentes fundamentales: la sostenibilidad económica y la social. La pandemia ha acelerado el uso de la tecnología y la ha puesto en valor. También ha cambiado nuestros hábitos de trabajo, comportamientos sociales y consumo. Estudiemos brevemente cuáles son las áreas que más han cambiado significativamente.
En este sentido se enmarca la iniciativa 100 ciudades neutras en carbono para 2030 de la Unión Europea. Copenhague lidera las iniciativas urbanas con el objetivo de ser Carbon Neutral para 2025. Además, Copenhague establece este objetivo no sólo para el funcionamiento de la ciudad, sino también para las emisiones de todos los ciudadanos, convirtiéndose en la primera capital del mundo que persigue este estatus. Otras ciudades europeas marcan el año 2030 como destino final de sus iniciativas de neutralidad de carbono dentro del marco global del Green Deal europeo para 2050.
Innovación en acción Combinando la ingeniería con la inspiración
Estas medidas están recogidas en una instrucción de la Dirección General de Función Pública, comunicada a los sindicatos CC OO, CSIT, UGT y CSIF, que entrará en vigor a partir de mañana y que afecta a unos 35.000 empleados públicos. Está dirigida a los empleados y funcionarios de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de que puedan atender a aquellos menores que requieran atención como consecuencia del cierre de los centros educativos.
En este sentido, será el responsable de la unidad correspondiente quien valore la situación de los trabajadores de su equipo para autorizar la opción del teletrabajo, siempre que se garantice la continuidad del Servicio de la Unidad Organizativa.
En el caso de que el trabajo no pueda realizarse desde casa, será también el responsable de cada unidad quien valore individualmente las necesidades y circunstancias personales y determine la mejor forma de conciliación mientras esté vigente el cierre de los centros educativos. .
Además, y también de forma provisional, se suspenderán las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, así como los procesos de selección puestos en marcha.