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Este acuerdo pretende paliar el impacto de la crisis y evitar que las empresas tengan que cerrar. La noticia ha sido anunciada por Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Según ha dicho, “esperamos que pueda ayudar a continuar con sus negocios abiertos porque nuestro único objetivo es ayudarles a generar riqueza, empleo e inversión”. Además de este acuerdo, se movilizarán alrededor de 220 millones de euros destinados a ayudas (68,2 millones de euros) y financiación a través de avales (150 millones de euros).
Se estima que más de 71.000 personas se beneficiarán de estas ayudas, cuyo importe medio será de aproximadamente 534 euros. Esta cantidad se destinará a los autónomos individuales y a los autónomos con trabajadores por cuenta ajena, incluidos los socios cooperativistas, las sociedades laborales y las sociedades mercantiles dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y en el Régimen de Autónomos (RETA). El objetivo es cubrir las necesidades básicas gracias al importe que los autónomos recibirán de la cuota mensual de la Seguridad Social.
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El 6 de noviembre de 2012 se presentó en Madrid el informe “Financial Inclusion to foster Job creation – A case study on Madrid”, patrocinado por Citi Microfinance, que propone 11 medidas concretas para promover la creación de empleo a través del apoyo a las micro y pequeñas empresas.
El informe ha sido patrocinado por Citi Microfinance y elaborado por un grupo de investigadores de la Fundación Nantik Lum con sede en Madrid. La Fundación ICO (Instituto de Crédito Oficial ICO) también participó en esta iniciativa que debería contribuir al debate sobre la importancia de las pequeñas empresas para el crecimiento económico.
Madrid alberga el 15% del total de empresas españolas. La gran mayoría de las empresas madrileñas son microempresas y pequeñas empresas y se desglosan de la siguiente manera: El 59,5% no tiene asalariados (autoempleo) y el 94,7% tiene menos de 10 empleados. Otra tendencia que surge de la propia crisis económica y que está ligada a la elevada tasa de paro española es el importante aumento de la voluntad e intención de emprender un negocio, alcanzando el 9,7% de la población adulta en 2011. Se estima que en Madrid hay 420.223 potenciales emprendedores.
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La subvención consiste en una cantidad de dinero que deberá destinarse exclusivamente a la amortización de la deuda y al pago a proveedores y otros acreedores, financieros o no, y a los gastos fijos en los que haya incurrido el solicitante de la subvención, siempre que los pagos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, en relación con contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
Las subvenciones se extenderán también al sector secundario gracias a una ampliación de las actividades que podrán acogerse a ellas, un total de 176 actividades económicas, una ampliación de 81 respecto a las 95 estipuladas inicialmente en el Real Decreto 5/21. Los nuevos sectores incluyen actividades relacionadas con el comercio minorista, el sector de los servicios (por ejemplo, las peluquerías) y los sectores cultural, recreativo y educativo.
Tampoco tendrán la consideración de beneficiarios los empresarios o profesionales, entidades consolidadas y grupos que, en su estimación directa del IRPF, del Impuesto de Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para 2019, hayan declarado un resultado neto negativo.
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El paquete será útil para apoyar a las empresas y autónomos más afectados por la pandemia. Sin embargo, la ayuda debe llegarles rápidamente ya que es precisamente ahora, antes de que la economía se recupere, cuando nuestro tejido productivo necesita un impulso.
El paquete de ayudas aprobado por el Gobierno español el pasado 12 de marzo consta de tres fondos. El mayor de ellos, con un presupuesto de 7.000 millones de euros, está destinado a proporcionar ayudas directas a las empresas y autónomos para ayudar a quienes tengan problemas de liquidez que puedan convertirse en problemas de solvencia. Para acceder a las ayudas, las empresas tendrán que acreditar descensos de ingresos superiores al 30% en 2020, una condición similar a la que aplican Alemania y Francia en sus paquetes de ayudas, así como demostrar que no han tenido pérdidas en 2019, dos condiciones fácilmente verificables. También deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de pago a la Seguridad Social, deberán seguir desarrollando la actividad para la que se conceden las ayudas al menos hasta el 30 de junio de 2022 y no se podrán repartir dividendos en 2021 ni en 2022. Hay que tener en cuenta que las ayudas se concederán para fines específicos, es decir, para pagar a proveedores, servicios públicos, salarios, alquileres y arrendamientos o deuda financiera. En primer lugar, se utilizarán para pagar a los proveedores (por orden de antigüedad) y luego, en su caso, para amortizar la deuda garantizada, seguida de la deuda no garantizada.